La salida repentina de una firma brasileña que administraba parte de la planta de Electrometalúrgica Andina (EMA) dejó un saldo amargo: 70 trabajadores despedidos y un futuro incierto para sus familias.
El anuncio del retiro definitivo de la provincia y del país encendió las alarmas en el sector metalúrgico, donde las negociaciones ya pasaron a manos de la Subsecretaría de Trabajo.
El organismo dictó la conciliación obligatoria para intentar resguardar los derechos de los empleados afectados. En la primera reunión, la compañía propuso abonar el 50% de la indemnización legal, amparándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo —que se aplica en casos de fuerza mayor— y en un plan de pago de hasta diez cuotas.
La propuesta fue rechazada de plano por el gremio, que teme que la empresa se retire sin cumplir con lo acordado.
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