La provincia de Mendoza endureció los controles sobre el cumplimiento del calendario de vacunación obligatoria con una resolución que otorga un plazo de 30 días para que las familias regularicen la inmunización de sus hijos antes de ser denunciadas ante las autoridades.
La norma, publicada esta semana en el Boletín Oficial y vigente desde su dictado, establece un protocolo para denunciar el incumplimiento en menores y personas incapaces. Esta obligación recae sobre instituciones educativas, sanitarias y funcionarios públicos que detecten la falta de vacunación.
La directora del Departamento de Inmunizaciones, Iris Aguilar, aclaró que “la intención de la nueva regulación no es sancionar a nadie ni ponerle una multa de 300 mil pesos, sino cuidar a la población”.
Aguilar explicó además que, aunque “son muy pocos” los grupos que se niegan a inocular a sus hijos, existen “posiciones extremas”. En este sentido, destacó: “Hay padres, sobre todo menores de 50 años, que tienen dudas porque nunca vieron enfermedades como polio, sarampión o rubéola congénita. Y, entonces, si no lo ven, creen que ya no existe. Es lógico pensarlo, pero es al revés. No lo ven porque la vacunación ha sido efectiva”.
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