La Provincia de Salta, a través de la Fiscalía de Estado encabezada por Juan Agustín Pérez Alsina, formalizó ante la Corte Suprema de Justicia una Acción de Amparo contra el Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS). La presentación fue instruida por el gobernador Gustavo Sáenz y busca frenar lo que consideran un atropello a los sectores más vulnerables.
El escrito exige el restablecimiento inmediato de las pensiones no contributivas por invalidez que fueron suspendidas en la provincia, así como el pago retroactivo a los beneficiarios afectados. Además, solicita una medida cautelar y la convocatoria a una audiencia pública donde se expongan las irregularidades.
Según la presentación, el gobierno nacional aplicó “procedimientos arbitrarios, carentes de sustento normativo y violatorios de derechos fundamentales” al dejar sin cobertura a ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad. Se advierte que la ANDIS se negó a brindar información detallada de los beneficiarios y que las suspensiones se realizaron con un fuerte déficit de transparencia.
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