La Fiscalía de Estado de la Provincia de San Juan anunció que dará inicio a demandas civiles por daños y perjuicios contra quienes resulten responsables de las amenazas de bomba dirigidas a edificios públicos.
La medida se adopta en paralelo al seguimiento de las investigaciones penales y tiene como objetivo exigir responsabilidades económicas por el impacto institucional, operativo y social que generan estos hechos.
Las falsas amenazas, cada vez más recurrentes, no solo provocan alarma entre la población, sino que también obligan al despliegue de fuerzas de seguridad, desviando recursos esenciales de otras tareas prioritarias.
“Estas conductas, en donde el Estado Provincial es víctima, constituyen hechos de gravedad que no pueden quedar impunes”, señaló el organismo.
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