Mediante el Decreto 681/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo promulgó la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad. Esta normativa, previamente ratificada por el Congreso tras rechazar el veto del presidente Javier Milei, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, se decidió postergar su aplicación hasta que el Poder Legislativo determine los mecanismos de financiación necesarios y asigne las partidas correspondientes dentro del Presupuesto Nacional.
En el texto de la medida, el Poder Ejecutivo justificó la suspención de la aplicación de la legislación por el “impacto fiscal” que, entiende, implicaría para las cuentas del Estado. De acuerdo a los cálculos oficiales, la creación de una nueva pensión demandaría $2.166.985.900.000 durante 2025 (equivalente al 0,26 % del PBI) y un adicional de $4.706.628.500.000 en 2026 (0,47 % del PBI).
A ese monto se agregan los costos del Programa Incluir Salud, que otorga cobertura médica a beneficiarios de pensiones no contributivas, con $574.200.000.000 en 2025 (0,07 % del PBI) y $1.239.266.000.000 en 2026 (0,12 %). También se suman $278.323.000.000 (0,03 % del PBI) por la compensación extraordinaria a prestadores. En total, el gasto ascendería a $3.019.508.900.000, equivalente al 0,35 % del PBI.
El Ejecutivo justificó la suspensión en los artículos 38 de la Ley 24.156 y 5 de la Ley 24.629, que obligan a especificar la fuente de recursos en cualquier norma que genere erogaciones adicionales. El texto oficial sostuvo que el Parlamento “omitió señalar de manera precisa” de dónde saldrán los fondos y advirtió que la facultad de reasignar partidas del jefe de Gabinete “no constituye una fuente concreta, específica ni suficiente”.
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