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El conflicto que mantiene en vilo a un país, entre el dirigente social Juan Grabois y el ex ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, volvió a encender las alarmas en el mundo agropecuario. Una vez más, el sector que mayor cantidad de divisas aporta al país a través de las exportaciones, está en alerta en defensa de la propiedad privada y reclamando más acción al Estado para evitar que se profundicen las tomas de tierras en el país.
Es evidente que la relación entre el gobierno de Alberto Fernández y el sector agropecuario no fue ni es buena desde que el Frente de Todos asumió la presidencia en diciembre pasado. Al aumento de la presión impositiva y las complicaciones económicas y cambiarias que se profundizaron con la pandemia, ahora se sumó con fuerza la toma de tierras y la inseguridad rural.
Todo esto sucede en momentos donde el propio Alberto Fernández ha definido a la cadena agroindustrial como uno de los motores de la recuperación económica, mediante el aumento de la producción, el empleo y las exportaciones. De hecho, el propio presidente y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, avalaron el proyecto del Consejo Agroindustrial Argentino, que busca cumplir los objetivos que plantea el gobierno. Entre el gobierno y el Consejo hay un diálogo abierto pero que hasta ahora no generó medidas concretas para solucionar los problemas de los productores.
Pero dentro de la coalición de gobierno, hay sectores que promueven acciones para perjudicar y frenar la actividad agropecuaria, ya sea con proyectos de Ley que se buscan aprobar en el Congreso o con declaraciones que desconciertan y generan más incertidumbre de la que ya existe, como las del Director del Banco Nación, Claudio Lozano, quien esta semana dijo: “El agronegocio está desestabilizando al Gobierno”.
El pasado viernes, la dirigencia de la Mesa de Enlace advirtió que en el Congreso Nacional se están promoviendo varias leyes, las que tendrían “una visión prejuiciosa y denigrante respecto de los productores rurales”, y a todo esto agregaron: “Si los mismos se aprueban, tendrían un alto impacto negativo sobre la producción agropecuaria, los productores, sus empresas y las comunidades”. Las iniciativas que inquietan a las entidades del campo, son:
– Modificación de la Ley de manejo del fuego, mediante la cual el kirchnerismo busca castigar con hasta 60 años de inactividad a quienes fueron víctimas de incendios en sus propios campos.
– Ley de Humedales. En este caso, la Mesa de Enlace sostiene que los legisladores, “basados en una amplia y cuestionable definición de humedales, podrían desafectar amplias porciones del territorio nacional para la actividad productiva”.
– Creación de un Observatorio sobre Agroquímicos. El mismo tendría una superposición de funciones con el Senasa, y donde “el objetivo es generar nuevos obstáculos a la producción”, comentaron los dirigentes.
Tal como sucedió el pasado 20 de junio, cuando a través de diferentes movilizaciones se alertó sobre el avance estatal sobre la propiedad privada, cuando el gobierno intentó intervenir y expropiar la empresa Vicentin, hoy a las 17 el campo volverá a movilizarse de modo similar, con un “Banderazo Federal”. El centro de la protesta será la localidad entrerriana de Santa Elena, donde desde hace más de una semana la familia Etchevehere denunció la usurpación de su campo por Dolores Etchevehere y allegados a Juan Grabois, quien además asesora a Dolores, quien alega que una fracción del campo le pertenece, lo que es refutado por sus hermanos.
En la previa de la marcha de hoy, los integrantes de la Mesa de Enlace de Santa Fe se declararon en estado de “alerta y movilización” y reclamaron a las autoridades “preservar el estado de derecho y mantener la paz social”. La misma decisión adoptó en las últimas horas la dirigencia de la Mesa de Enlace de Entre Ríos, desde donde señalaron: “Seguimos con profunda intranquilidad los episodios con epicentro en la zona rural del Departamento La Paz, donde se pone en un segundo plano la seguridad jurídica y ha quedado evidenciada la vulneración del derecho a la propiedad”.
En el día de ayer hubo momentos de máxima tensión. Tal como informó Infobae, el ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere se apersonó en la puerta del campo “Casa Nueva”, a pesar de las medidas restrictivas dispuestas por el juez Raúl Flores, y encadenó el ingreso a la estancia impidiendo la entrada y salida de personas o de vehículos con productos destinados a quienes están ocupando el terreno.
Dentro del establecimiento se encuentra su hermana Dolores junto a unos 40 militantes del llamado “Proyecto Artigas”, que denunciaron penalmente al ex funcionario por “privación ilegítima de la libertad, coacción agravada, extorsión y usurpación agravada”, según supo Infobae. En la denuncia presentada en la Justicia del departamento La Paz -provincia de Entre Ríos- Dolores Etchevehere pidió la detención del ex ministro y el “inmediato desalojo de los secuestradores a los fines de garantizar el ejercicio libre de mis derechos y los de las personas que me acompañan”, según dice el escrito presentado en sede judicial.
En medio de este conflicto, el juez subrogante de La Paz Raúl Flores convocó a todas las partes del conflicto a una audiencia de conciliación para hoy a las 9 de la mañana. Así lo resolvió el fiscal Oscar Sobko, quien además impidió cualquier acto que busque restringir el ingreso y egreso de la estancia Casa Nueva. Luis Miguel Etchevehere, adelantó a este medio: “No asistiremos a la reunión, ya que no se puede negociar con usurpadores. Solamente nos reuniremos si desalojan la toma por completo”.
Además, el abogado de la familia Etchevehere, Dr. Rubén Pagliotto, presentaría en las próximas horas un pedido de recusación del Juez de Garantías, Dr. Raúl Flores, porque considera que “ha demostrado una inocultable e indisimulada parcialidad y falta de independencia, incluido cierto y preocupante nivel de desconocimiento jurídico, permitiendo que se avasallen derechos y vulneren garantías de raigambre constitucional, desde el inicio mismo de su actuación”, se menciona en el escrito judicial al que accedió Infobae.
Las zonas más complicadas por las tomas
Un relevamiento realizado por Infobae permitió determinar las zonas más afectadas por las tomas de tierras por parte de organizaciones sociales, y grupos mapuches. La región Patagónica es una de las más afectadas a través de una franja que va de sur a norte a lo largo de la Ruta 40.
Según la información proporcionada por los productores de la zona, en Río Negro las tomas se concentran en El Foyel, donde la Justicia provincial ordenó el desalojo, que derivó en algunos detenidos. Además, siguen activas las tomas en Villa Mascardi y en el Campo Forestal que administra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Además, hay campos tomados en la ciudad neuquina de Junín de los Andes, y en la provincia de Chubut los productores denunciaron tomas en Esquel y El Maiten.
En la mayoría de estos casos, según comentaron los productores a este medio, se trata del accionar de grupos mapuches que buscan adueñarse de la tierra para la creación de un Estado o Nación en Chile y Argentina.
En otras provincias del país, como Salta, los productores solicitaron una audiencia con el gobernador para expresar su preocupación por algunas usurpaciones que se registraron en la zona de Pichanal, y no se descarta que en los próximos días haya un pronunciamiento multisectorial en defensa de la propiedad privada.
Además, a principio de este año se registraron casos de tomas de tierras en el noroeste de Córdoba, en la zona del Totoral y Cruz del Eje, a través del accionar de un movimiento campesino. A partir de esta situación, y tras una reunión de los productores con el ministro de Seguridad provincial, se creó una Fiscalía Anti Usurpaciones, para que de manera inmediata haya una acción policial y judicial tras la denuncia de los productores ante un caso de usurpación de tierras.
Por último, hay tomas de tierras en el tercer y cuarto cordón del conurbano bonaerense, donde por ejemplo hubo un intento de usurpar 20 hectáreas de un campo en General Rodríguez que utiliza el actual secretario de Ganadería de la Nación, José María Romero. Aquí, sí, el accionar de la policía y la Justicia impidió el hecho.
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