La Administración Central, empresas públicas y organismos descentralizados no podrán contratar nuevos empleados públicos para cubrir vacantes que surjan por renuncias o jubilaciones durante los próximos dos años, salvo que cuenten con autorización de la Jefatura de Gabinete.
Esta restricción forma parte del proyecto de Presupuesto 2026 que el Gobierno busca aprobar en las sesiones extraordinarias. Para lograrlo, el oficialismo trabaja en acuerdos con gobernadores provinciales con el fin de obtener los votos necesarios en el Congreso.
En diputados, el oficialismo dispone de 88 diputados propios y espera alcanzar cerca de 110 con aliados, pero requiere el apoyo de mandatarios provinciales para llegar a los 129 votos que habiliten la sanción y aprobación del Presupuesto.
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