El anuncio de un nuevo marco comercial entre Argentina y Estados Unidos fue presentado con el lenguaje amable de la diplomacia (cooperación, apertura de mercados, modernización), pero detrás de esa superficie aparece un acuerdo claramente asimétrico. Lo que se discute no es solo un ajuste técnico en aranceles, sino una redefinición de la relación bilateral y del lugar que ocupará Argentina en el mapa económico mundial.
En lo concreto, Argentina se compromete a abrir más su mercado a productos estadounidenses, simplificar trámites, eliminar licencias y trabas administrativas y aceptar normas técnicas y sanitarias de Estados Unidos o internacionales como válidas en su propio territorio. También asume obligaciones más estrictas en materia de propiedad intelectual, regulaciones laborales, ambientales y comercio digital.
Del otro lado, Estados Unidos ofrece beneficios más acotados: la eliminación de aranceles para ciertos recursos naturales que no produce, algunos insumos farmacéuticos seleccionados y mejores condiciones de acceso para la carne vacuna y otros productos agroindustriales argentinos. Además, promete “tener en cuenta” este marco al aplicar medidas comerciales por seguridad nacional, una cláusula amplia que deja un importante margen de discrecionalidad.
El resultado es un esquema en el que Argentina se consolida como proveedor de minerales, energía y alimentos, mientras habilita una mayor presencia de medicamentos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y servicios digitales norteamericanos. Esto refuerza el perfil de exportador de recursos naturales del país y, al mismo tiempo, pone presión sobre sectores industriales locales que compiten con bienes de una economía mucho más desarrollada.
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