Las crónicas periodísticas dan cuenta del enojo del presidente Alberto Fernández con la Corte Suprema por el fallo en el que ratifica la condena contra la señora Milagro Sala por amenazas contra una comisaría en Jujuy. También ha hablado de la existencia de una persecución contra los kirchneristas procesados o condenados que tanto él como sus aliados dentro y fuera del país, incluido al papa Francisco, han denominado lawfare; algo así como un sistema para acomodar la interpretación de las leyes o los hechos para condenar a liderazgos de izquierda latinoamericana, como castigo por haber hecho tanto bien.
Es así también que se han propuesto reformas del sistema judicial entero, indultos y amnistías para poner remedio a esa situación denunciada. En paralelo los procesos judiciales siguen su curso, con todas las instancias de revisión y la posibilidad de oponer defensas por parte de los imputados que no siempre han utilizado. La señora vicepresidente, involucrada en varias causas, se ha negado a dar explicaciones cada vez que lo podría haber hecho para hacer su descargo, negándose la posibilidad de demostrar qué cosa tan seria está tan en su contra.
En lugar de eso ha elegido la vía política. Así obtuvo palabras de aliento por parte del Papa, como ya he dicho, y ahora se empeña en hacer que su influencia en los otros poderes del Estado condicione el resultado del trabajo judicial.
Sería una catástrofe que el Poder Judicial sea virtualmente intervenido como un método de defensa en causas judiciales concretas, pero también habría que reconocer que si una facción tan grande hace semejantes acusaciones a un sistema político institucional del que participa y parece dispuesta a destruirlo, no estaría mal darles a los involucrados una chance extraordinaria de defensa, como medida previa a cualquier iniciativa de amnistía o indulto.
Sería como copiar la estrategia que adoptó Raúl Alfonsín en el año 1994 cuando veía que el entonces presidente Carlos Menem preparaba una presentación en la Corte Suprema para pasar por alto la prohibición de reelección, como hicieron muchos gobiernos provinciales y de otros países en los que tal posibilidad estaba vedada. Dados los pasos que el kirchnerismo parece estar dispuesto a dar para asegurar impunidad a sus miembros, esa instancia de revisión no formal de lo actuado en esos juicios serviría para que la opinión pública se entere de lo que pasa.
El Congreso podría dar lugar a que los que afirman ser perseguidos por lawfare expongan sus razones y sean interrogados por los diputados y senadores junto con los fiscales de las causas acerca de los delitos que se les imputan o por los que fueron condenados, sin límite de tiempo, con las cámaras de televisión mostrando cómo demuestran su punto. Las personas como la Vicepresidente tendrán la oportunidad de declarar en público a salvo del lawfare.
El cierre de ese debate podría ser seguido de un plebiscito en el que el pueblo, habiendo sido testigo de las sesiones, determine si cada uno de ellos es culpable o inocente en cada caso. Aquellos que resultaron absueltos podrían ser indultados por el presidente con toda tranquilidad.
Pasado esto, ya no podrán quedar dudas acerca de que haya existido persecución alguna o se comprobará que fue cierto, para que se adopten las reformas que sean necesarias. Pero nada de esto se puede hacer como un arreglo a puertas cerradas del club de la política, porque entonces se haría mejor en derogar directamente la legislación penal que involucra la criminalidad de la función pública. Si la idea es que se puede robar libremente hay que dejar de inventar conspiraciones y hacer esa regla igual para todos.
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