El Gobierno nacional resolvió pausar la auditoría de las pensiones por discapacidad que estaba en marcha sobre más de un millón de beneficiarios. La medida, que aplicará el ministro de Salud, Mario Lugones, se mantendrá mientras avanza la investigación interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), intervenida tras el escándalo de los audios filtrados de su exdirector Diego Spagnuolo.
Hasta el momento, la agencia dio de baja a un total de 128.667 beneficiarios que durante la gestión del desplazado abogado se había detectado que habían ingresado al sistema con diferentes irregularidades.
De ellas, 110.522 correspondían a pensiones mal otorgadas por varios motivos -como gente que presentó la misma radiografía, el mismo ecocardiograma y la misma medición de presión-, otras 8.107 eran entregadas a personas que ya habían fallecido y las 10.038 restantes iban a ciudadanos que renunciaron a la ayuda.
A partir de la publicación de las grabaciones en las que Spagnuolo aseguraba que había sobreprecios en la compra de medicamentos, no solo se decidió suspender esa tarea, sino también revisar nuevamente las más de 120 mil bajas ya efectuadas.
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