La Justicia Federal de San Martín dio un fuerte revés al Gobierno de Javier Milei al suspender este jueves la aplicación del decreto presidencial que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La medida fue tomada por la jueza Martina Isabel Forns, quien hizo lugar a una cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina).
La resolución impide al Poder Ejecutivo avanzar con cualquier tipo de reestructuración vinculada al Decreto 461/2025, como despidos, traslados, reubicaciones o eliminación de áreas. La jueza argumentó que, por seis meses, el Ejecutivo deberá abstenerse de ejecutar actos que alteren la situación laboral de los trabajadores, con el fin de preservar el statu quo hasta que se analice el fondo del asunto.
Forns basó su decisión en los principios constitucionales y en los convenios internacionales de la OIT que protegen la estabilidad laboral y la negociación colectiva. Además, cuestionó que el decreto habilitara al Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, a intervenir discrecionalmente en los movimientos de personal, lo cual –según la magistrada– vulnera derechos laborales y sindicales básicos.
“La Constitución y los tratados internacionales impiden al Estado modificar unilateralmente condiciones de trabajo que fueron acordadas colectivamente”, sostuvo Forns, quien también advirtió sobre la “posible afectación de derechos alimentarios” ante eventuales despidos masivos.
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