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"Nos duele el alma": ARID repudió el veto de Milei a la Emergencia en Discapacidad

"Nos duele el alma": ARID repudió el veto de Milei a la Emergencia en Discapacidad

La presidenta de la Asociación para la Realización e Inclusión de las Personas con Discapacidad (ARID), Gabriela Galdeano, lidera una organización civil conformada por padres que tienen hijos con discapacidad. La entidad gestiona la escuela de educación especial Aleluya, además de desarrollar diversos programas educativos, de inclusión laboral y de capacitación. Sin embargo, la situación que enfrentan actualmente es crítica. 

Según contó en Buena Gente de Radio Mil 20, la problemática vinculada a la discapacidad no es reciente, pero actualmente “ha alcanzado un nivel insostenible, especialmente para los prestadores de servicios”. ARID, como asociación que administra una escuela, colabora directamente con el Ministerio de Educación y recibe subsidios del mismo. A pesar de ello, debido a las altas necesidades de los chicos, también ofrecen prestaciones a través de obras sociales, combinando un régimen educativo y uno asistencial.

Galdeano explicó que la asociación atiende aproximadamente 200 estudiantes, desde recién nacidos hasta jóvenes adultos, brindando un acompañamiento continuo en sus trayectorias educativas. Disponen de un equipo interdisciplinario compuesto por psicopedagogas, psicólogas, trabajadoras sociales y docentes que trabajan juntos para apoyar el proceso educativo. Además, cuentan con atención temprana para bebés proporcionada por terapeutas especializadas y un centro para jóvenes adultos respaldado también por profesionales.

Sin embargo, el problema radica en los pagos que reciben a través de las obras sociales, los cuales están desactualizados desde diciembre de 2024. “Esto dificulta el sostenimiento del personal debido a los bajos sueldos y la imposibilidad de ofrecer contrataciones permanentes. Actualmente, los honorarios rondan los 380 mil pesos, un monto insuficiente considerando las demandas y responsabilidades del trabajo especializado. Además, las regulaciones exigen títulos habilitantes completos para los profesionales, lo que complica aún más la situación al perder docentes capacitados que buscan mejores oportunidades laborales”, sostuvo.

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