intimidaciones contra sus allegados (EFE/EPA/SANJEEV GUPTA/Archivo)
“Perdí mis dos trabajos, en la tele y en la radio, y pensé en quitarme la vida. Las opiniones negativas y las agresiones en línea sobre una se quedan como pegadas en tu cerebro, en tu ánimo y en espíritu. Es muy difícil sacarlas de encima. Provocan ofensas masivas y sistemáticas durante un período de tiempo y es demasiado doloroso. Por suerte, luego todo salió bien. Armé mi propio medio y eso ha sido hermoso”.
La historia de Alejandra Valle -periodista feminista chilena y actual concejala por la comuna de Ñuñoa- puede contarse como ejemplo de resiliencia y superación, o se puede poner el foco en la gravedad de una realidad que se hizo bosque y ya no puede ocultarse. Porque la violencia digital se convirtió en el nuevo frente de la seguridad periodística, con una tendencia especialmente peligrosa para las mujeres periodistas.
“Tenía una cuenta con más de 600 mil seguidores en Twitter. En una oportunidad di mi opinión sobre las policías. Ni siquiera fue un tweet que yo hubiera elaborado para expresar algo, sino que estaba conversando con alguien. Esa opinión provocó una ola de comentarios que me mantuvo en trending topic como 10 días. Fue tanta la violencia que decidí cerrar mi cuenta. Preferí perder a mis seguidores para cuidar mi salud mental. La pasé tan tan tan ferozmente mal. No sé si como seres humanos entendemos lo complejo que es y lo dolorosas que son las palabras. Se siente como ser lapidada por la sociedad por algo que piensas, y no es justo”.
Aquel episodio no fue el primero. Previo a la apedreada virtual que provocó compartir lo que pensaba acerca de las policías, Alejandra recibió amenazas que involucraban a su hija pequeña luego de comentar sobre un grupo de música.
“Ahora tengo mi cuenta de Twitter con candado, no permito que cualquiera me etiquete. Lo mismo en Instagram. Me cuido más. Es que en las redes sociales hay gente que no quiere debatir, solo quiere tener la razón u ofender. Con esas personas, en mi opinión, no vale la pena entrar en discusiones que únicamente te van a hacer daño psicológico”.
Lo virtual es real
Distintos datos y estudios vienen demostrado que la violencia en línea no se ejerce a la marchanta y en partes iguales. Lo que ocurre en el mundo digital es una extensión más de los continuos sucesos de violencia que mujeres y niñas viven en su experiencia diaria fuera de internet.
En 2018 la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) definió la violencia en línea contra las mujeres como “todo acto de violencia por razón de género contra la mujer cometido, con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las TIC, o agravado por este, como los teléfonos móviles y los teléfonos inteligentes, Internet, plataformas de medios sociales o correo electrónico, dirigida contra una mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”.
En el caso de las periodistas, la violencia en línea se manifiesta de diversas formas con una serie de características comunes: se ejerce en red (a menudo está organizada y orquestada), irradia (familiares, fuentes y audiencias son blanco de ataques), y es íntima (las amenazas son personales y suelen estar muy sexualizadas). Existe además vínculo con los ataques fuera de línea.
El informe “Violencia en línea contra las mujeres periodistas: Instantánea mundial de la incidencia y las repercusiones” presenta las principales conclusiones de una encuesta realizada por la UNESCO y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) a finales de 2020. Las respuestas de 714 periodistas y trabajadoras de medios de comunicación de 125 países plasman en números el panorama: el 73% de las mujeres encuestadas dijo haber sufrido violencia en línea. El 25% recibió amenazas de violencia física y el 18%, sexual. Estas amenazas salpicaron a diferentes personas: en el 13% de los casos, las amenazas de violencia fueron contra sus allegados. Los efectos de la violencia en línea para la salud mental fueron la consecuencia identificada con mayor frecuencia (26%), y el 12% de las encuestadas afirmó haber buscado ayuda médica o psicológica tras las agresiones.
El documento de UNESCO y ICFJ señala a su vez otros ejes a tener en cuenta. Por ejemplo que el tema periodístico que mayores agresiones provocó fue el género (47%), seguido de la política y las elecciones (44%) y los derechos humanos y la política social (31%). Y que el 30% de las periodistas encuestadas respondieron a la violencia en línea autocensurándose en los medios sociales, el 20% dejó de interactuar en línea y el 18% impidió la participación del público específicamente.
Gisele Sousa Días cuenta “Historias de vida” en Infobae. Da espacio a la primera persona de aquellas personas que no suelen tener espacios en los medios. Pero no es gratis abrir el juego para que “los, las y les nadies” puedan decir también.
“Siempre recibo agresiones cuando hago notas de diversidad, de minas empoderadas o contando sus abortos. Me insultan por ‘darle voz a monstruos en un diario’. Los mensajes empiezan a las dos o tres de la mañana. A veces me levanto un domingo y ya tengo cinco mails. Algo que me llama mucho la atención es que en general se escribe mal mi nombre y mi apellido. En cambio los que me putean saben perfectamente cómo me llamo: buscan mis notas y me insultan sin importar de qué temas hable. Es un trabajo fino el que hacen”.
¿Hasta dónde se tolera el agravio? ¿Se escribe igual sabiéndose en la mira? ¿Arrastrando la violencia como a una sombra? Gisele recuerda un quiebre, el día que sintió el desmadre: “Una vez me asusté mucho. Había entrevistado a una chica que decidió dejar de depilarse y en el mail que me mandaron después de esa nota no solo me agredían a mí sino que detallaban nombres de familiares, los DNI y la dirección de mis viejos. Entendí que todo se había pasado de tono, que eso era un poco más, y denuncié en la fiscalía. Pero nunca pasó nada con esa denuncia. Otra decisión que tomé es no leer comentarios ni nada sobre lo que escribo porque en un momento me di cuenta de que había entrado en el lugar de la autocensura”.
También tengo presente mi propio susto. El tiempo en que mandó el miedo y me paralicé. No pude seguir. Contaba abusos. Niñas y niños lastimadas y lastimados por sus papás mientras la justicia se empecinaba en ir contra las mamás protectoras por tratarlas de locas, de manipuladoras y resentidas. Tampoco leía opiniones sobre esas notas. Que ladren suele ser señal de que se cabalga. Hasta que llegó un correo y no hizo falta decir más. Mencionaban a mi hijo, su nombre, su jardincito, la hora en que salía del cole. Pusieron el foco en él, confiados en que así me callaban a mí. Y me callaron. Durante muchos años dejé de escribir sobre abuso sexual en las infancias.
Sandra Chaher, presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, pone en palabras lo que genera dejar de poner en palabras: “Se suele minimizar cómo la violencia digital afecta a la vida de las personas, en sus emociones por ejemplo, y cuántas posibilidades hay de que esa violencia pase al campo físico. Aparte de todo eso, que es un montón, hay una afectación directa en estos ataques a la democracia y al debate público. Creo que este es el objetivo último de quienes atacan. Los sectores conservadores, reaccionarios, que están en alza en la mayoría de los países del mundo, atacan a las mujeres y a los colectivos de la disidencia sexo-genérica identificándolos como sujeto político, y el objetivo de los ataques es acallarlos. Buscan que dejemos de participar en el debate público. Molesta la voz pública de las mujeres en el debate, particularmente molesta si las voces son feministas. Pero la desaparición de estas voces claramente es una afectación a la democracia. Por otro lado, tener menos representatividad, menos posibilidades de expresarnos hace que nuestra incidencia en la vida democrática disminuya”.
Virtualidad (des)protegida
En América Latina, especialmente en el Cono Sur, la normativa sobre violencia de género en línea no es muy protectoria por la falta de figuras específicas. Sí existen algunos ciberdelitos legislados en la región, como los accesos indebidos a sistemas informáticos, la difusión de material o de información íntima, la extorsión o las amenazas digitales. Aún así, no se abordan desde una perspectiva de género.
La semana pasada la diputada Mónica Macha, junto al espacio de víctimas de violencia digital “Ley Olimpia Argentina” y la organización Género y TIC (GENTIC), presentaron en el Congreso una propuesta legislativa contra la violencia digital. Por un lado, el proyecto de Ley Belén -en homenaje a Belén San Román, víctima de difusión no consentida de material íntimo que se suicidó en diciembre de 2020- plantea agregar al Código Penal Argentino los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, de los “porn deep fake” -montaje digital en videos de pornografía- y de la sextorsión. Se proponen agravantes por casos de violencia de género y cuando se agrede por orientación sexual e identidad de género.
La presentación incluyó el proyecto Ley Olimpia Argentina, que apunta a incorporar la violencia digital como otra forma de violencia de género en la ley 26.485 -de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales- sumado a la creación de medidas de protección para las sobrevivientes, políticas públicas tendientes a la educación digital y la prevención de estas agresiones.
En diálogo con Infobae, Florencia Zerda, abogada integrante de GENTIC y del grupo Ley Olimpia Argentina, explica lo que significa este avance: “Es importante que exista legislación específica porque, como sabemos, lo que no se nombra no existe. Hoy la violencia digital se encuentra muy invisibilizada, minimizada, se cree que las consecuencias que tienen estas violencias son menos importantes porque son virtuales. Y la realidad es que todos los estudios y estadísticas demuestran que las personas que las sufren quedan igual o más afectadas que cuando la violencia es en el plano analógico. Asimismo, es fundamental que se creen tipos penales específicos para sancionar cada una de las formas de violencia porque el derecho penal no funciona por analogía y no se pueden estar buscando otras acciones o tipos penales para castigar lo digital”.
Para Zerda urge una legislación acorde tanto de tipos penales como de normas procesales para investigar en los entornos digitales: “Rastrear a los agresores depende de cada situación. En general en los casos de violencia de género digital lo que necesitamos es colaboración de las empresas proveedoras de internet para poder rastrear a los usuarios que agreden a las mujeres, sobre todo a través de redes sociales. Twitter por ejemplo no tiene canales de comunicación directo con la Argentina y eso dificulta muchísimo las investigaciones”.
La violencia virtual es real. Para las víctimas y sobrevivientes no hay distinción entre ser atacadas en el ámbito digital o en el analógico. La violencia es violencia. Punto. Y cuando esa violencia está especialmente dirigida a las mujeres comunicadoras, pierden ellas y perdemos todos. La democracia tambalea, se resiente, porque se silencian voces, porque se las espanta, porque nos llenan de miedo.
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