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Alfredo Harp Helú, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea Mota, Alberto Baillères… son algunos de los empresarios a quienes se les vincula con el exsecretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), Genaro García Luna, ahora juzgado en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.
El exfuncionario es señalado como el principal responsable de que el narco corrompiera al sistema de gobierno: él puso al Estado a disposición del crimen organizado, principalmente al servicio del Cártel de Sinaloa.
Y esto queda respaldado con diversas investigaciones, como la del periodista Jesús Lemus que recientemente publicó su libro “El licenciado”, en el que desmenuza al “súper policía” actualmente considerado el artífice principal de la violencia que azotó a México en el sexenio de Felipe Calderón, con su famosa guerra contra el narcotráfico.
En uno de los capítulos del texto Lemus explica como García Luna, desde el sexenio anterior al de Calderón Hinojosa, ya estaba fuertemente respaldado por actores de relevancia. Pero no solo del ámbito político o del área de seguridad –en la que el se desempeñó–, sino un silenciosamente clave: el sector empresarial.
“No nada más fue Felipe Calderón el que creó este monstruo (…) en un momento determinado sí fue socio de esta corrupción, pero en un algún punto hasta fue subordinado de García Luna”, dijo el periodista Jesús Lemus en entrevista para Infobae México, “García Luna ya traía su propia trayectoria y fueron otros poderes fácticos, como los empresarios, los que lo forman finalmente”.
En su texto, el autor señala un hecho clave que hizo que Genaro García se ganara la protección de los grandes empresarios del país, quienes lo hicieron prácticamente intocable durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón: el secuestro y rescate de Alfredo Harp Helú.
De acuerdo con lo reseñado por Lemus, cuando García Luna fue nombrado subdirector A de Seguridad Institucional del Centro Nacional de Inteligencia (Cisen), la primera misión que le fue encargada fue investigar el secuestro del banquero Alfredo Harp Helú, presidente del Consejo de Administración de Banamex, ocurrido el 14 de marzo de 1994 en la Ciudad de México.
Poco más de tres meses fue lo que estuvo raptado el empresario cuando la labor de Genaro García dio resultado: logró su liberación por 30 millones de pesos. No fue una victoria al azar, para ese momento el “súper policía” ya había recibido una basta preparación antiterrorista y contra secuestros de nivel internacional.
Desde entonces, la clase empresarial lo apadrinó, respaldado principalmente por el mismo Harp Helú – según cuenta el autor– a quien consideró “el hombre clave” para que Genaro García no se viera afectado en el cambio de poder que se dio en la presidencia en el 2000, cuando por primera vez el poder dejaba de ser del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para pasar a manos de Acción Nacional (PAN).
No sólo fue por su eficiencia como policía al servicio del régimen establecido, sino por la recomendación del grupo empresarial que, desde 1990, controla los movimientos políticos en el país. Esto lo colocó durante dos sexenios como el hombre más poderoso de México, apenas después del presidente de la República, una posición que hasta entonces era exclusiva de los secretarios de Gobernación, relata un fragmento del libro el libro.
A partir de entonces, apunta Lemus, García Luna iba alternando sus deberes con los ciudadanos mexicanos con los servicios que prestaba a la cúpula empresarial. Todavía estando en el sexenio priísta de Ernesto Zedillo (1994-2000), cuando fue nombrado coordinador general de Contrainteligencia para la Prevención del Delito de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), Genaro García fue puesto a completa disposición de los empresarios.
Y el primero en beneficiarse, señala Lemus, fue el empresario Germán Larrea Mota Velasco, a quien dispuso sin restricción alguna de elementos para proteger las mineras pertenecientes a Grupo México, que pasaban por momentos álgidos debido a las manifestaciones de activistas que exigían el cese de sus operaciones por los niveles de contaminación que producían, aunado al acecho que vivían por parte del crimen organizado.
El escritor también hace hincapié en su obra en que absolutamente toda esa gestión fue, por disposición de Genaro García, con cargo al erario. Es decir, Larrea Mota Velasco no pagó nada por la seguridad que el Estado le dio a su red minera.
La relación de García Luna con Larrea Mota Velasco y el reducido grupo empresarial mexicano, entre los que están Alberto Baillères y Ricardo Salinas Pliego, fincada en la protección de intereses mutuos, trascendió hacia otros empresarios fuera del sector minero.
Así relata otro fragmento del libro de Lemus, detallando como dichos empresarios tenían armado ya un esquema con García Luna para controlar qué empresas se verían beneficiadas de la protección del Estado.
La cosa se complicó ya en el sexenio de Vicente Fox, cuando Alejandro Gertz Manero –actual fiscal General de la República– asumió el mando de la entonces PFP, lo que colocaba a Genaro García como su subordinado. Entonces se dio cuenta del manejo de seguridad que este hacía y la preferencia hacia la cúpula empresarial.
Según relata Lemus, Gertz Manero estaba en completo desacuerdo, lo que escaló hasta la presentación de su renuncia al cargo que le acababan de asignar.
Pero él era cercano a Vicente Fox, quien al verse prácticamente entre la espada y la pared, acordó la creación de un nuevo brazo de seguridad del Estado que quedaría a cargo de García Luna para que desde ahí se encargara de lleno a la protección de los intereses empresariales: la Agencia Federal de Investigación, nacida oficialmente el primero de noviembre del año 2000.
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