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SAN SALVADOR (AP) — Militares salvadoreños impidieron el lunes que un juez revise los archivos de la Fuerza Aérea para buscar documentos relacionados con una matanza perpetrada en 1981 que dejó casi un millar de campesinos fallecidos, en su mayoría mujeres, ancianos y niños.
El juez Jorge Guzmán llegó acompañado por peritos, fiscales y abogados a las instalaciones de la Fuerza Aérea en la periferia este de la capital, pero su ingreso fue bloqueado por los militares que aseguraron que no poseen esa documentación y se ampararon en un artículo de la constitución que establece que no están obligados a entregar información “cuando se trate de planes militares secretos”.
“En esta unidad no contamos con la información que ustedes andan buscando”, dijo una oficial cuando el juez se paró frente a la barricada en la entrada principal de la instalación militar.
“Ustedes están haciendo una valoración conforme a los intereses de la institución y no están haciendo una valoración conforme a los derechos humanos”, le respondió el juez Guzmán a los efectivos que se negaron a identificarse.
El abogado David Morales, que participa en el proceso como querellante en representación de las víctimas, dijo a periodistas que “nuevamente hay un bloqueo a una inspección judicial de los archivos históricos relacionados al caso de la masacre de El Mozote. Es el segundo que ocurre”.
Morales recordó el que 21 de septiembre se produjo un hecho similar en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y que los militares siguen incurriendo en los delitos de actos arbitrarios, desobediencia, encubrimiento y ocultación de documentos.
La masacre ocurrió entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 a unos 120 kilómetros al este de San Salvador durante una operación de un batallón entrenado en Estados Unidos en tácticas de contrainsurgencia. Los soldados entraron a la zona en busca de unidades de la guerrilla pero algunos mataron a civiles.
Muchos cadáveres fueron abandonados dentro de una iglesia que luego fue incendiada. En una fosa, los forenses encontraron 136 esqueletos de niños con una edad promedio de seis años.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su “grave preocupación” por la negativa de la fuerza armada a cumplir la orden judicial y llamó al Estado salvadoreño a garantizar a las personas que se desempeñan como operadores de justicia el acceso a toda información que pueda contribuir al conocimiento de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos investigadas.
Organizaciones sociales que defienden los derechos de las víctimas de la llamada masacre de El Mozote también se presentaron en el lugar portando claveles y rosas blancas y pancartas en las que exigían justicia.
Después de que le fuera impedido el ingreso al juez Guzmán, el presidente Nayib Bukele anunció en una cadena nacional de radio y televisión que había desclasificado los documentos requeridos.
“Nosotros vamos a desclasificar voluntariamente estos archivos. Seguimos comprometidos que si hay algún archivo que falte por buscar incluso se harán de dominio público”, manifestó.
Pero también dijo que “la mayoría de los archivos, como todos ustedes esperarán y como cualquier salvadoreño se puede imaginar, fueron destruidos en estos 40 años. ¿Cuándo? No lo sabemos”, pero afirmó que no están en el Estado Mayor Conjunto.
Aseguró que desclasificó “todo lo que queda de los archivos de la masacre de El Mozote. No estamos escondiendo ni media página, la historia nos dará la razón”.
El vicepresidente Felix Ulloa defendió la posición de Bukele y dijo en una entrevista con la televisión local que “ha habido tantos gobiernos que más de alguno de ellos… los debieron haber destruido”.
A su vez se preguntó “¿qué puede ocultar el gobierno del presidente Bukele en el caso de El Mozote? Cuál es el interés de ocultar algo si, como él dice, ‘cuando ocurrió la matanza de El Mozote yo era un niño, nadie de mi gobierno está vinculado a esa masacre, no tenemos nada que ocultar’¨.
Más de tres décadas después de la matanza el juez Guzmán reabrió la investigación luego de que la Corte Suprema derogó la Ley de Amnistía General de 1993 que impedía investigar delitos de lesa humanidad y crímenes cometidos durante la guerra civil salvadoreña.
De los 18 exmilitares citados por el magistrado varios han fallecido o fueron retirados del proceso y los que se presentaron negaron su participación.
Un informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1983 responsabilizó de la matanza al coronel Domingo Monterrosa, al coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales que no fueron juzgados por la vigencia de la Ley de Amnistía promovida por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994).
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