Los malestares internos pueden cambiar de despacho oficial en cuestión de horas. Alberto Fernández vivió con disgusto la ausencia de Sergio Massa en un acto programado con Axel Kicillof, en Lomas de Zamora, distrito de peso en el Gran Buenos Aires. Figuraba en la agenda difundida a los medios. El fastidio pasó después a Economía, cuando el Presidente anticipó un inminente acuerdo de precios y salarios entre empresarios y sindicalistas, hasta el momento no cerrado. En los dos casos, quedaban a la vista contradicciones, alguna pelea menor y el riesgo de alimentar expectativas antes que anuncios concretos.
El juego se repite con mayor o menor intensidad según los protagonistas. Es cierto que el foco interno está puesto ahora en la evolución del acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y Massa. Pero aún relegado, el otro actor de la sociedad oficialista sigue siendo Alberto Fernández, cuyo desgaste es el dato saliente pero no el único del alterado tablero institucional. Todo, en un contexto delicado. La cifra de inflación y un informe sobre el impacto de la crisis en chicos y adolescentes hablan en estas horas de la profundizada crisis.
La escalada de precios anotó 7,4% en julio y proyecta un número algo menor pero grave este mes, según trabajos de consultores privados sobre lo que va de agosto. La difusión del último IPC fue precedido por un relevamiento de Unicef que traduce de manera dramática el impacto de la crisis: señala que más de un millón de niñas, niños y adolescentes saltean una de las comidas diarias, junto a un empeoramiento de la dieta, como consecuencia del deterioro de ingresos en sus hogares.
Todavía no hay datos oficiales sobre la evolución de la pobreza en el primer semestre de este año, aunque resulta evidente su agravamiento. Es probable que se ubique en niveles del primer semestre del 2021, que marcó un 40,6% debajo de línea de pobreza medida por ingresos, y supere al segundo semestre, que registró un 37,3%. Es decir, revertiría la expectativa a la baja. Y consolidaría el proceso creciente de pobreza estructural.
Esa es la señal de fondo de los procesos inflacionarios. La trepada actual marca un 46,2% desde enero y un 71% interanual. El dato del IPC de julio fue conocido el jueves pasado y, tal vez en un intento de ir mostrando reacción, Alberto Fernández dijo en público que iban a ser convocados empresarios y jefes sindicales para un acuerdo que debería “alinear precios y salarios en los próximos 60 días”.
El anuncio resultó expresivo en buena medida del estado de cosas en el oficialismo. Alberto Fernández dijo que la convocatoria sería hecha por él mismo y el “ministro Sergio Massa”. Formal. Ya había trascendido el malestar inmediato que causó la inesperada ausencia de Massa en Lomas de Zamora, dado que se insiste con la idea, insustancial, de mostrar fotos de unidad y gestión. En el circuito cercano a Economía corren cuestionamientos a ese esquema de comunicación. Como sea, parece claro que nadie quiere que le manejen la agenda.
Pero hubo en este caso un elemento más, significativo. Alberto Fernández hizo un anuncio que supone un estado muy avanzado de negociaciones, cuando en realidad existen contactos, pero aún sin resultado asegurado. En cualquier caso, deberá verse si se trata de una formalidad, una declaración, al margen de la historia de fracasos con este tipo de fórmulas. Con un añadido: anticipar una virtual fijación de precios sin fecha precisa sólo puede generar una reacción contraria. Algo parecido se le cuestionó a Alberto Fernández cuando anunció una “guerra contra la inflación” sin base alguna.
Massa junto a su equipo buscan empezar a concretar algunos de sus propios anuncios iniciales, que resultaron lineamientos antes que medidas concretas. De lo contrario, podría quedar en una sobreactuación. Y ese es un punto central en términos de expectativas. Desde Economía se destacan los pasos para tratar de tranquilizar los mercados. Por ejemplo, la operación para trasladar al año que viene vencimientos gigantes de deuda en pesos, en base a un mecanismo muy atractivo atado a la evolución de los precios o del dólar.
Del mismo modo, son destacados desde el principio la sintonía y los puentes del nuevo jefe de Economía con Washington y con el FMI. Así está marcada su primera salida internacional, a fin de mes. No es una cuestión sencilla, habida cuenta de las contradicciones y disputas internas en el oficialismo respecto de la política exterior y, en particular, la estrategia regional.
Es curioso lo que ocurre. Pero está claro que CFK tiene la mirada puesta en el ministro de tres carteras y no tanto en Olivos. Cree inevitable un ajuste más o menos clásico y sigue imaginando posible desentenderse de los costos, antes de Alberto Fernández y ahora de Massa. Pero no todo es silencio. El kirchnerismo se encargó de pegar sobre la posible designación de Gabriel Rubinstein como virtual viceministro de Economía. La semana que viene, ya con varios días de postergación, sería definido el cargo.
También para la semana próxima quedó una cuestión de fondo: el anuncio sobre el nuevo sistema de subsidios. El kirchnerismo cedió espacios de peso en ese terreno. Los cambios en Energía fueron analizados de dos formas diferentes, hasta complementarias: un avance real de Massa y un repliegue calculado de CFK frente al ajuste de tarifas de energía eléctrica y gas. El anticipo hecho por Massa indica la decisión de ir más allá que Martín Guzmán, que sufrió especialmente en ese terreno a manos del kirchnerismo.
Si no hay cambios, la foto mostraría a poco menos de un tercio de usuarios que no se registró para mantener subsidios. Y descontada la franja que mantiene tarifa social, la mayoría -alrededor del 60%, según especialistas en la materia- quedaría anotada para mantener subsidios, pero atado al nivel de consumo. Se supone que ese escalón es integrado por sectores de clase media y clase media-baja.
Hay que esperar las precisiones, aunque ya fue dicho que este nuevo esquema será completado de manera gradual hacia fin de año. De tal modo que el impacto definitivo se produciría en el umbral del año electoral. Con un añadido: cómo sería la actualización de tarifas no ya y sólo por quita o reducción de subsidios, sino en relación con los registros de inflación.
Se trata de un interrogante atado además a especulaciones sobre la intención de “ganar tiempo” este año -por ejemplo, con medidas como la convocatoria a empresarios y sindicalistas- mientras la inflación hace su propio ajuste, con brutal transferencia de ingresos. Como sea, esta es, en rigor, una prueba política central. De eso se trata todo.
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