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El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó hoy por mayoría -con el apoyo del oficialismo y el rechazo de la oposición- una declaración en la que manifestó su preocupación por las reducciones de la coparticipación federal a la ciudad de Buenos Aires ya que “afectarán el normal funcionamiento de las dependencias judiciales y por consiguiente el cumplimiento de la función encomendada por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la proyección presupuestaria y administración de recursos asignados por ley”.
“Declarar la profunda preocupación del Consejo de la Magistratura con relación a las reducciones que ha sufrido la Coparticipación Federal de Impuestos en relación a su incidencia en el presupuesto local, por decisiones emanadas del Poder Ejecutivo Nacional”, dice el primer articulo de la resolución que aprobó hoy el plenario del Consejo.
Lo hicieron los consejeros alineados con el oficialismo Alberto Maques, Francisco Quintana, Alberto Biglieri, Raúl Alfonsín y Julia Correa. En rechazo lo hicieron Gonzalo Rúa, Fabiana Schafrik, Ana Salvatelli y Anabela Hers.
La objeción es a la decisión del gobierno nacional de Alberto Fernández de recortarle al gobierno porteño del 1,18% de la coparticipación federal del total del 3,50% que la ciudad recibe. En dinero significa una merma de 150 millones de pesos por día. El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la decisión sea declarada inconstitucional y la Ciudad recupere los fondos.
“Para nosotros es de sentido común que esta decisión de recortar la coparticipación va a impactar en el normal funcionamiento de la justicia. Es una merma de 150 millones de pesos diarios a la Ciudad y es obvio que a la hora de ver cómo impacta la merma en el presupuesto local va a afectar a los tres poderes del Estado. Esa merma no es solo en áreas del Poder Ejecutivo, como salud o educación, sino que habrá que compartir los esfuerzos entre los tres poderes. Y se da en el peor contexto de crisis económica”, le dijo a Infobae Quintana, vicepresidente del Consejo.
“Tomamos contacto con el Poder Ejecutivo para ver cómo afrontamos de acá a fin de año, cómo hacemos para cumplir con todos los compromisos presupuestarios. Por el momento el recorte no afectó directamente a la justicia pero a la hora de formular el presupuesto para el año que viene lo hicimos con restricciones, primero por la situación económica y también por el recorte de la coparticipación”, agregó.
La resolución del Consejo también sostiene que las reducciones en el presupuesto de la justicia “afectarán el normal funcionamiento de las dependencias judiciales y por consiguiente el cumplimiento de la función encomendada por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la proyección presupuestaria y administración de recursos asignados por ley” y que el Consejo tiene la vocación “en relación al fortalecimiento de la autonomía jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el consecuente traspaso de aquellas competencias judiciales aún no transferidas al ámbito local”.
La decisión fue puesta en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Congreso de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros del gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires.
La oposición porteña no aceptó el planteo porque consideró que se trata de un tema que está judicializado en la Corte Suprema de Justicia y sobre el que el Consejo de la }Ciudad no tiene por qué expedirse.
El máximo tribunal debe resolver el pedido del gobierno de la ciudad para que se le restituyan los fondos. “Esta ostensible disminución de ingresos, que sólo durante los primeros cinco días hábiles de vigencia del decreto significó una detracción de la suma de $862.140.379, afecta los cometidos constitucionales básicos y la gestión y funcionamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De validarse la reducción unilateralmente impuesta al porcentaje de coparticipación de la CABA, el daño será irreversible y provocará graves consecuencias de índole económica y social”, sostuvo el gobierno en su demanda.
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