[ad_1]
A dos años de haber dejado la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera ha acumulado una serie de escándalos por presuntos actos irregulares y de corrupción durante su administración (2012-2018), especialmente en materia de contratos de obra pública e inversiones del sector inmobiliario.
Recientemente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), que encabeza Ernestina Godoy, abrió dos carpetas de investigación en contra de los funcionarios incondicionales del hoy senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD): los hermanos Luis Ernesto y Julio César Serna Chávez.
El primero fue su secretario particular y el hombre que más poder tenía después del entonces jefe de Gobierno, pues por su oficina pasaban los grandes contratos de obra pública y se decidían las millonarias inversiones en la capital, incluidas las del sector inmobiliario. Mientras que Julio César fue coordinador general y administrador de la Central de Abastecimiento, el mercado más grande de América Latina y de millonarias operaciones al día; sin embargo, en 2016 le encargó la coordinación de gabinete de su gobierno.
Tal era su cercanía con Mancera que, incluso, se dirigían a él como “hermano”, pues desde que eran niños, los Serna Chávez invitaban al ex mandatario a su casa a jugar y ver televisión, debido a que en la vivienda de éste (en la colonia Anáhuac, donde vivía con su madre) no alcanzaba para tener un aparato propio, según ha contado él mismo en entrevistas.
Por ello, cuando el perredista asumió el poder en la Ciudad de México los colocó dentro de su círculo de funcionarios de confianza. Sin embargo, esta decisión le está acarreando muchos problemas.
Y es que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México (SCG-CDMX) encontró que en sus declaraciones patrimoniales de abril de 2018 no reportaron la propiedad de al menos nueve inmuebles (casas y departamentos) adquiridos y remodelados en las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez.
De acuerdo con una investigación del semanario Proceso, en su edición 2293, Julio César omitió reportar siete propiedades, mientras que Luis Ernesto no registró dos. La suma de todas llegaría a los 30 millones de pesos.
Según los informes, resulta prácticamente imposible que los Serna Chávez compraran esas propiedades con sus sueldos de servidores públicos en la nómina del gobierno capitalino en la que desempeñaron diversos cargos. Por ello, además de una falta administrativa, es factible que en la denuncia en su contra se les impute el delito de enriquecimiento ilícito.
Cabe mencionar que en septiembre de 2019, Julio César, el mayor de los hermanos, fue inhabilitado por 10 años para trabajar en el servicio público, pues la SCG-CDMX encontró irregularidades durante su administración en la Central de Abasto y le dio visto a la Fiscalía por la comisión de un delito.
Además, el pasado 21 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez.
La orden de cateo fue otorgada por un juez federal especializado en Técnicas de Investigación, Cateo e Intervención de Comunicaciones, derivado de una indagatoria por lavado de dinero.
Jiménez Rodríguez es hijo del priista Manuel Jiménez Guzmán, ex presidente del PRI y el primer presidente de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El agente del Ministerio Público Federal y más de una veintena de elementos de la Policía Federal Ministerial revisaron el interior del domicilio localizado en la calle de Calero número 7, colonia San Ángel Inn, Alcaldía de Álvaro Obregón.
Al domicilio llegó Esteban Arcos, quien se presentó ante las autoridades como representante legal de Luis Serna. Pidió que se le informara el motivo de su presencia en la casa de Carlos Jiménez y de su esposa Fernanda, hija de Luis Ernesto.
En los últimos meses, los “hermanos de Mancera” han promovido amparos contra cualquier orden de aprehensión o de detención que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México busque ejecutar en su contra.
Al respecto, el pasado 23 de octubre la actual jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, aseguró que no solapará a nadie que esté involucrado en los casos de corrupción que investiga la Contraloría General capitalina y confió en que no habrá impunidad.
Asimismo, aclaró que no se trata de un problema político, sino de la pelea contra la corrupción.
“Es una política en el sentido de política pública, de que nosotros estamos en contra de la corrupción porque, como dice el presidente, es un terrible daño que ha hecho históricamente la corrupción a nuestro país y también hubo muchos actos de corrupción en la administración pasada en la ciudad y por eso hay órdenes de aprehensión contra funcionarios y hay funcionarios inclusive que están recluidos, ex funcionarios públicos”
MÁS SOBRE OTROS TEMAS:
[ad_2]
Source link