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Aunque el grupo Neuss tiene más de un siglo de actuación en la Argentina, sus negocios más sonados empezaron recién en la última década del siglo XX. Hoy, el suicidio de uno de los nietos del fundador, Jorge Neuss (72), y del femicidio de su esposa, Silvia Saravia de Neuss (69) están en centro del eje informativo.
Durante los casi cien años previos, el nombre estuvo casi exclusivamente asociado al nombre de la exitosísima gaseosa de pomelo con la cual Herman Neuss, el pionero de la dinastía, a partir de sus conocimientos químicos, empezó a prosperar en un tiempo, a finales del siglo XIX, en que los argentinos, y en particular los porteños, tenían muchas dudas sobre la calidad del agua corriente que consumían.
De una etapa posterior, ya asociada a los nombres de su hijo, Jorge, y su nieto, Germán, es el desarrollo de un grupo diversificado y con inversiones inmobiliarias, financieras, en el campo de la energía y los sectores vitivinícola y de la movilidad. Jorge inició una nueva rama de negocios: los servicios para el sector público, la energía y los servicios financieros. En los años ´80 él y su hijo Germán se hicieron cargo del grupo empresario siguiendo el modelo de negocios y sumando el área de desarrollo inmobiliario.
Un hito en ese crecimiento empresarial fue la concesión, en 1997, por parte del gobierno de Carlos Menem, del control del espectro radioeléctrico (que usan radios, canales de televisión y empresas de telefonía móvil) a la firma francesa Thales Spectrum: el socio local y presidente de la filial argentina era Jorge Neuss. El empresario había deslumbrado al Presidente y se mostró como el hombre ideal para la realización de un negocio atractivo a ambas partes.
La concesión se hizo a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones por 15 años con la opción de prórroga por 5 años más, pero en julio de 2001 se inició una investigación judicial a raíz de una denuncia de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Fernando de la Rúa. La licitación fue irregular e involucró denuncias por presuntos pagos de coimas por 25 millones de dólares girados desde Suiza.
En enero de 2004 la concesión fue revocada por parte del gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, Thales Spectrum Argentina (TSA) llevó su reclamo al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo sobre Diferendos de Inversión), un Tribunal del Banco Mundial.
Fallo a favor de la Argentina
En 2008, en tanto, el juez federal Sergio Torres procesó por “fraude a la administración pública” a Jorge Neuss, titular de Thales Spectrum International y accionista mayoritario de la filial argentina, al ciudadano francés Jean Nicolás Rostan D’Ancesune West y a Juan Carlos Cassagne, titular de la filial argentina. Pero en un fallo muy cuestionado la Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Augusto Diez Ojeda y Mariano González Palazzo, dejó sin efecto los procesamientos y embargos.
La demanda ante el Ciadi fue por USD 600 millones, pero se resolvió a favor de la Argentina en diciembre de 2008, con el voto favorable al país del egipcio Georges Abi-Saab, designado por el país, y el sueco Hans Danelius, presidente del Tribunal, designado por el propio Ciadi, en tanto a favor de la legitimidad del reclamo votó el norteamericano Grant Aldonas, nombrado por TSA. Las diferencias tenían que ver con el carácter nacional o no de TSA y con el Tratado Bilateral de Inversión de la Argentina con Holanda, en el cual se enmarcó el reclamo. El Tribunal consideró no tener jurisdicción por considerar que al momento del reclamo, TSA era una empresa argentina, no extranjera, como lo había sido al inicio de la concesión a la firma francesa, que luego salió del negocio.
Los tiempos de la justicia argentina son más lentos. En abril de 2014 la Corte Suprema de Justicia, a raíz de presentaciones de la Oficina Anticorrupción, reabrió la “causa Thales”, por irregularidades en la concesión del espacio radioeléctrico y en octubre de 2015 la Sala IV Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Mariano Borinsky y Ana Figueroa, allanó el camino para el juicio oral y público, rechazando las nulidades planteadas por Cassagne, ex presidente de la filial argentina. Además de Cassagne, en la causa están imputados Menem, su ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath; el subsecretario, Alejandro Cima; el ex presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones Roberto Catalán; los ex vices Roberto Uanini y Hugo Zothner; el ex interventor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Alberto Gabrielli; Patricio Feune de Colombi, Matías Bourdieu y Luis Romero, ex miembros de ese órgano; Pablo Arancedo, ex director de Asuntos Jurídicos de la CNC. Y por Thales, Jorge Justo Neuss, quién hoy se quitó la vida después de matar a su esposa.
Negocios porteños
Desde 2009, los Neuss ganaron varias licitaciones en la Ciudad de Buenos Aires, para la realización de obras viales y se adjudicó el proyecto de techado del Parque Roca.
El entonces secretario de Transporte de la Ciudad, Guillermo Dietrich, otorgó luego a TH Services, del Grupo Neuss, la concesión del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV) del parque automotor porteño. Integrantes de la familia también se involucraron en el proyecto del desembarco de los autos eléctricos, que demandaría la instalación de estaciones de 220 puestos de carga en estaciones de servicio de la Capital.
La más reciente compulsa es la concesión, por 35 años, del manejo de la Terminal de Ómnibus de Retiro.
En 2005 el gobierno de Néstor Kirchner le había prorrogado por diez años la concesión de la operación a Terminales de Buenos Aires (TEBA), del empresario Néstor Otero, acusado de haberle otorgado dádivas al entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime. La licitación tuvo una serie de postergaciones al cabo de las cuales quedaban dos oferentes en pie: el grupo de Otero, también acusado del pago de coimas en la llamada “Causa Cuadernos”, y el grupo Neuss.
En enero pasado, el actual secretario de Transporte, Mario Meoni, dijo que la gestión de la estación Retiro quedaría temporalmente a cargo del Estado y no habría nuevas prórrogas automáticas como sucedió varias veces a favor de TEBA, que se había hecho cargo de la operación en 1993, durante el gobierno de Menem.
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