En Tibú, Norte de Santander, la comunidad se encuentra preocupada por el aumento significativo en los casos de violencia contra las mujeres. En los primeros seis meses del 2021, de acuerdo con las cifras entregadas por parte de las autoridades del lugar, y presentadas por el medio La Opinión, se han presentado 10 casos de feminicidio. Este número es el más alto en los últimos cinco años, y representa un aumento del 400% respecto al 2020.
El último caso que se conoció fue reportado en junio. La víctima fue Esperanza Navas, fiscal seccional del municipio, quien fue asesinada en su hogar tras recibir amenazas a manos de hombres armados. Desde ese momento, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que se iniciaron las investigaciones correspondientes frente al crimen y que este no quedarán impune, sin embargo, hasta el momento, no se tiene claro quién está detrás de este asesinato.
Pero la violencia va más allá. Las amenazas son otro fenómeno que se conoce en esta zona. Durante los primeros días de mayo se conoció sobre la existencia de una lista en donde estaban los nombres de 25 mujeres a quienes estaban amenazando de muerte por haber realizado algún tipo de trabajo con y para la comunidad.
“No firmaron a nombre de qué grupo armado, pero muchas se fueron del pueblo y dejaron todo. Lo que sabemos es que la mayoría son ciudadanas de Venezuela, aunque también hay gente de acá”, confesó una de las víctimas al diario La Opinión.
Dentro de las denuncias existentes, varias mujeres aseguraron que existe un video con imágenes de más de 50 mujeres de Tibú que fueron utilizadas para insultarlas, señalarlas como objetivo y nombrarlas como las “indeseadas”: a estas víctimas las señalan de tener algún tipo de vínculo con la Fuerza Pública. Tanto el video como el listado de mujeres se ha compartido a través de cadenas de WhatsApp.
Debido al aumento en las amenazas que terminan en feminicidios, las mujeres han tenido que abandonar sus hogares y reubicarse en otras zonas del país. Se tiene el registro de que 20 de quienes aparecían en los listados huyeron de la zona por miedo a que les quitaran la vida. Los casos más recientes fueron de dos enfermeras que tuvieron que irse del municipio pues las iban a asesinar por atender a dos miembros de la Fuerza Pública que estaban heridos y llegaron al centro asistencial donde trabajaban.
Lo grave es que de los 10 feminicidios cometidos solo se tiene el responsable de dos de ellos. Según la Fiscalía, el presunto responsable sería Willinton Henao, alias “Mocho Olmedo”, uno de los jefes de la disidencia del frente 33 de las FARC. El resto han quedado en la impunidad o no se han esclarecido los datos de la investigación. Habitantes del sector también aseguraron a el diario La Opinión que en el municipio está haciendo presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y según ellos, estos serían los responsables de las amenazas que tienen que ver con la Fuerza Pública.
Hasta el momento las autoridades no han dado una versión concreta de cómo avanzan las investigaciones y lo que se está haciendo para proteger a las mujeres afectadas.
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