[ad_1]
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador declaró este lunes improcedente un recurso del Ministerio de la Defensa para detener inspecciones de archivos de la masacre El Mozote, en el que cerca de mil personas murieron a manos del ejército en 1981, durante la guerra civil (1980-1992).
La decisión judicial ocurre el mismo día en que el juez Jorge Guzmán, de San Francisco Gotera (noreste), fue impedido por los militares, por segunda vez en tres semanas, de acceder a los archivos de la masacre.
“Declárase improcedente la demanda suscrita por el señor ministro (Francisco) Merino Monroy en contra del juez de San Francisco Gotera (Jorge Guzmán)” por haber emitido una resolución en la cual se ordenó “la inspección con intervención judicial” de ciertos archivos militares, determinó la CSJ.
En un fallo de la Sala Constitucional, la máxima instancia de la CSJ aclaró que el acceso a los archivos “más que ser una conducta delictiva”, como la pretende hacer ver el Ministro de la Defensa, “constituye el cumplimiento de una orden judicial concreta” en el proceso penal por la matanza.
Además le advirtió que “obstaculizar la diligencia judicial podría ser constitutiva de delito”.
Este lunes la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS) impidió al juez Guzmán revisar los archivos vinculados a la dantesca masacre de El Mozote.
Fue la segunda vez que el juez fue bloqueado por los militares en su intento por llegar a esos archivos, luego de que el 21 de septiembre no pudiera acceder al cuartel del Estado Mayor del Ejército para investigar la más sangrienta masacre de las últimas décadas en la región.
El Ministro de Defensa argumentó que “los archivos militares sobre los cuales se realizará la inspección contienen información de planes militares secretos, los cuales no pueden ser de conocimiento de otros órganos de Estado”.
– “Búsqueda de la verdad” –
La CSJ replicó en su decisión que “no se advierte” de qué manera la exhibición de los archivos para investigar la masacre “ponga en riesgo la seguridad nacional del Estado”, ya que el objeto del proceso penal “es la búsqueda de la verdad” sobre la masacre.
“El Estado se encuentra obligado a realizar todas las tareas necesarias para contribuir a esclarecer lo sucedido a través de las herramientas legales que permitan llegar a la verdad de los hechos”, consignó el tribunal constitucional.
Al presentarse Guzmán a las puertas del cuartel de la FAS, un oficial le explicó que los archivos solicitados son “información confidencial secreta que nosotros tenemos aquí, y que solo puede ser solicitada por la Asamblea (Legislativa)”.
Previo a la llegada del juez, medio centenar de miembros de organismos humanitarios habían colocado pancartas y flores frente a la sede castrense.
Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados del ahora proscrito Batallón Atlacatl del Ejército ejecutaron a 986 personas, entre ellas 558 niños, en El Mozote y comunidades adyacentes por sospechas de que colaboraban con la entonces guerrilla izquierdista.
Otras 712 personas sobrevivieron el ataque y se vieron obligadas a abandonar la zona.
En 1993, una comisión creada por la ONU para investigar crímenes de la guerra culpó de la masacre a un grupo de militares, en el que figuran el comandante del batallón Atlacatl, el coronel Domingo Monterrosa, y su jefe de operaciones, Armando Azmitia.
El 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por la masacre, y ordenó medidas de reparación.
cmm/mas/rsr
[ad_2]
Source link