La Fiscalía General de la República (FGR) notificó al juez su propuesta en sentido del no ejercicio de la acción penal en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente, por los videos en los que apareció recibiendo dinero en efectivo.
El agente del Ministerio Público, Héctor Sánchez Zaldívar, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), informó al juez que esta no es la instancia para resolver en definitiva el caso, por lo que aún se espera una última resolución sobre los videoescándalos que alcanzaron a Pío.
El hermano del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue exhibido en agosto del año 2020 a través de un par de videos, en los que se le mostraba recibiendo fuertes cantidades de dinero en efectivo por parte de David León, entonces operador de Manuel Velasco.
El propio Andrés Manuel López Obrador se refirió a estos videoescándalos y aseguró que se trató de aportaciones legítimas al movimiento durante 2015, año en que Morena se presentó por primera vez a una elección.
El oficio dirigido al juez séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Julio Veredín Sena (el mismo que otorgó el amparo a Pío López Obrador) indica que será la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales de la FEDE, la que haga el pronunciamiento final, aunque como ya se dijo, el sentido va por el no ejercicio penal.
Este 19 de julio, el juez federal dio un plazo de 24 horas a la FGR para informar si ejercerá, o no, acción penal contra Pío López Obrador, por presuntamente haber recibido dinero en efectivo para beneficiar las campañas electorales de Morena en 2015.
Y es que el titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Gabriel Fierro Susano, explicó que el 14 de julio pasado requirió al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEDE) de la FGR, José Agustín Ortiz Pinchetti, notificar si hay o no elementos suficientes en la carpeta de investigación FED/FEPADE-CDMX/0000380/2020, para judicializar a López Obrador por presuntos delitos electorales.