El Tribunal Oral Criminal 7 dará a conocer el próximo 22 de junio el veredicto en el juicio por el derrumbe del entrepiso del boliche Beara, ocurrido en septiembre de 2010 en el que murieron Ariana Lizarriaga, de 21 años, y Paula Provedo, de 20, y más de 50 personas resultaron heridas. El tribunal fijó la fecha luego de escuchar los alegatos contra los 17 acusados, entre ellos, los dueños del local, un ex comisario y funcionarios del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el que la Fiscalía y las querellas que representan a las familias de las víctimas fatales pidieron que sean condenados.
A partir de la próxima semana y hasta fin de mes, los jueces Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Noceti Achaval escucharán las últimas palabras de los acusados, informaron a Infobae fuentes judiciales. Y el 22 de junio darán el veredicto.
Durante el juicio el fiscal Oscar Ciruzzi consideró probado que la construcción del entrepiso era deficiente, que Beara no estaba habilitado para funcionar como boliche y que eso fue responsabilidad del gobierno de la ciudad. También que los dueños del lugar pagaban coimas a la Policía Federal.
La madrugada del 10 de septiembre de 2010 los integrantes del ex grupo Ráfaga estaban dando un recital cuando se cayó el entrepiso del boliche Beara. Las acusaciones tuvieron idas y vueltas en tribunales hasta que fue elevada a juicio oral. El fiscal de instrucción Andrés Madre sostuvo en su imputación que los dueños del boliche como los funcionarios de habilitaciones del gobierno porteño “era quienes se encontraban en posición de garantes específicos desde la organización hasta el otorgamiento de la habilitación y su ampliación” del entrepiso que fue instalado de manera deficiente y tuvieron un “desprecio de recaudos de seguridad y de la protección de la salud y de la integridad física de los concurrentes”.
La causa con 17 acusados fue elevada a juicio oral y el proceso comenzó en febrero pasado. Después de tres meses y medio de juicio, el fiscal Ciruzzi pidió condena para 12 acusados. Para Juan Carlos María Yun, Agustin Dobrila e Iván Fliess, socios en la empresa “El Viejo Sabio S.A.”, que explotaba Beara, solicitó cuatro años y medio de prisión y nueve de inhabilitación para ejercer el comercio; para el maestro mayor de obras Gustavo Amaru, quien dio el aval para la habilitación del local, cuatro años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer su profesión; para cuatro ex funcionarios del gobierno porteño -el ex director General de Habilitaciones y Permisos Martín Farrell, el ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Saikauskas, el exjefe del Departamento de Esparcimiento Norberto Cassano, y el ex responsable de Verificaciones y Habilitaciones Isaac Rasdolsky– tres años en suspenso y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En tanto, para el comisario de la Policía Federal Argentina Rodolfo Cabezas y los oficiales Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González la fiscalía pidió que sean condenados a tres y medio de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El fiscal Ciruzzi acusó a los dueños del boliche y a los policías del delito de homicidio culposo agravado por el número de víctimas; lesiones culposas graves y leves; y cohecho pasivo”. Además a los empresarios les imputó haber pagado coimas y a los policías de cobrarlas. En tanto, a los ex funcionarios y al maestro mayor de obra los acusó por los homicidios y las lesiones. Los acusados pidieron ser absueltos.
Y la Fiscalía pidió la absolución de cinco acusados: el co-organizador del recital Maximiliano Fratino; del encargado de Beara Agustín De Grazia; de los gestores del boliche Leandro Camani y Matías Pantarotto; y de la ex directora de Fiscalización y Control del gobierno de la ciudad Vanesa Ileana Berkowski.
En sus alegatos, el fiscal Ciruzzi señaló que la construcción del entrepiso que se cayó era deficiente y que su estructura no era apta para soportar la cantidad de gente que concurría al boliche y que no se controlaba cuántas personas accedían a ese lugar. También que los dueños de Beara violaron el deber de cuidado que tenían al no exigieron los planos de la construcción y que habían pedido la habilitación como casa de comidas primero y después como lugar para fiestas privadas pero nunca como boliche.
Ciruzzi recordó que en septiembre de 2007 ocurrió un hecho parecido que no terminó en tragedia: una joven resultó herida cuando se cayó del entrepiso un tramo de la baranda.
Sobre los entonces funcionarios del gobierno de la ciudad, el fiscal señaló que permitieron que Beara funcionara con una habilitación que no era para boliches con noches donde había 700 personas.
El juicio continuará la semana que viene cuando empiecen las últimas palabras de los acusados. El lunes tendrán la posibilidad de hablar los dueños del local y el maestro mayor de obra; el 13 de junio los ex funcionarios del gobierno de la ciudad y el 22 los policías. Ese día también será el veredicto.
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