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Alberto Fernández ya decidió que anunciará su equipo de gobierno en la semana que inicia el lunes 2 de diciembre. Su probable jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tiene una fotocopia gigantesca con el organigrama del Estado Nacional que estudia como la Biblia desde hace más de un mes. Cafiero tiene bajo llave los nombres de los principales ministros que ya saben que jurarán el próximo 10 de diciembre, pero hay al menos dieciséis cargos clave que aún están con un signo de pregunta, aguardando que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se pongan de acuerdo.
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) maneja información clasificada, tiene un presupuesto gigantesco y responde a la órdenes directas del presidente. La AFI, que antes se llamaba Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), fue tradicionalmente conducida por un amigo personal del jefe de Estado.
Carlos Saúl Menem nombró a Hugo Anzorreguy, Cristina Fernández a Oscar Parrilli y Mauricio Macri a Gustavo Arribas, por citar casos al azar. Los tres fueron fieles escuderos de los secretos presidenciales, y los tres entraron a la SIDE/AFI sin conocer la diferencia entre el MI5 y el MI6 británico. Llegan al edificio de 25 de Mayo 11 para proteger al Presidente, y su conocimiento previo del tema o la posibilidad de leer en inglés son detalles accesorios.
Al jefe de la AFI, en la jerga de los espías, se lo conoce como El Señor 5. Y Alberto Fernández evalúa designar a Enrique Pepe Albistur como su Señor 5. Pepe Albistur trajina el poder peronista desde la derrota de Ítalo Luder frente a Raúl Alfonsín, se mantuvo a flote con Menem, fue secretario de Medios de Néstor Kirchner y renunció en 2009 cuando fue acusado de enriquecimiento ilícito en Comodoro Py.
Cristina no vetó a Albistur, pero pretende que el Número 8 -el segundo cargo de importancia de la AFI- tenga su aval directo. Aspira a ese resorte de poder un diputado nacional que siempre cuestionó a Macri y que ingresa sin mostrar su documento al edificio de 25 de Mayo 11.
La Unidad de Información Financiera (UIF) analiza, actúa en la justicia federal y transmite a la mayoría de los países del mundo datos clasificados destinados a prevenir e impedir el lavado de activos. La UIF maneja información sensible, como la AFI, y durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner fue cuestionada a nivel global.
La UIF aún es un tema pendiente de resolución entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. A diferencia de la AFI, adonde la Casa Blanca ya sabe que en los países emergentes se designa a un amigo o conocido del presidente de turno, la UIF es una institución clave por su protagonismo en la prevención del lavado.
El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, a cargo de Mike Pompeo y Steve Mnuchin respectivamente, diseñaron una estrategia de asfixia financiera de dinero sucio contra Cuba y Venezuela que fue apoyada por la UIF desde que Mauricio Macri ingresó a Balcarce 50.
Los asesores legales que monitorean América Latina por orden de los secretarios Pompeo y Mnuchin aguardan con expectativa la designación del futuro director de la UIF. En Washington aún recuerdan la tarea opaca de José Sbatella y no desean repetir la historia de la falta de cooperación bilateral cuando Hugo Chávez y Fidel Castro aún regían los destinos políticos de Venezuela y Cuba.
En la Cumbre del G20 en Buenos Aires, Macri y Donald Trump acordaron que Argentina ocuparía la próxima presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Macri ya había elegido a Rogelio Frigerio, que pasaría del Ministerio del Interior a las espaciosas oficinas del BID en Washington.
Pero Macri perdió los comicios, y la designación de Frigerio ya es un albur. Alberto Fernández se encontró en Ezeiza con Luis Alberto Moreno, titular del BID, y le adelantó que no estaba comprometido con Frigerio y menos con Macri y Trump. Si el presidente electo no logra encontrar a un experto en finanzas globales y economía emergente para poner en reemplazo de Frigerio, ya decidió que Argentina votará por Rebeca Grynspan, titular de la Secretaría General Iberoamericana.
Alberto Fernández y Cristina Fernández tienen que acordar las embajadas en Chile, Uruguay, Brasil, México, España, Cuba, Venezuela, Israel y Rusia. No será una distribución en partes iguales, pero la vicepresidente puede vetar como ya hizo con los candidatos del presidente electo al Banco Central y el Ministerio de Justicia.
Ya hay acuerdo para designar a Carlos Zannini como Procurador del Tesoro, y aún falta definir los nombres para ocupar la Oficina Anticorrupción (OA) y la Procuración General, dos cargos con muchísimo poder real en la administración pública.
En la Oficina Anticorrupción, el sucesor de Laura Alonso tiene que asumir el 10 de diciembre. Y para la Procuración General hay tiempo, ya que se necesita una mayoría especial en ambas cámara del Congreso. Alberto Fernández pretende en ese puesto al juez federal Daniel Rafecas, que en su momento rechazó dos veces investigar la denuncia del fiscal federal Alberto Nisman sobre el Memorando con Irán. Cristina Fernández de Kirchner está de acuerdo: no tienen nada que negociar.
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